Manifiesto de Bagua

Las instituciones abajo firmantes queremos denunciar los hechos acaecidos en Perú el pasado 5 de junio, en que se produjeron decenas de muertos y heridos, entre indígenas y policía, durante el desalojo por parte de fuerzas especiales de la Policía Nacional (DINOES), de les posiciones que los indígenas ocupaban en Bagua, departamento del Amazonas.
Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana se han movilizado para defender sus territorios ancestrales, ocupados en las zonas alta y baja de la Amazonía. Actualmente, estos territorios se encuentran afectados por la creciente e irracional explotación de recursos como el oro, la madera, el petróleo y el gas que se lleva a cabo sin respeto por las decenas de pueblos indígenas que mantienen una de las mayores diversidades culturales del planeta. Muchas de estas explotaciones corresponden a áreas entregadas en concesión por el gobierno peruano a empresas transnacionales que se imponen en los territorios indígenas, ignorando los derechos de las comunidades nativas.

Como ya sostuvieron los Obispos de la Amazonía, el 5 de mayo pasado: “en nombre de un concepto de desarrollo distorsionado, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para invertir en plantaciones de palma, caña de azúcar y otras. Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos por el plomo y otros metales pesados así como sustancias tóxicas como efecto de una actividad minera (formal o informal) y la extracción de petróleo, de forma irresponsable. Somos testimonios, además, de la tala de árboles indiscriminada y sin ningún tipo de control".

Mediante los decretos legislativos que el gobierno ha dictado aprovechando inconstitucionalmente las facultades que le fueron concedidas para implementar el TLC pactado con los EE.UU., el Estado peruano pretende dejar que las transnacionales actúen impunemente en los territorios indígenas. Estos decretos vulneran los derechos defendidos por los pueblos indígenas reconocidos en Pactos, Convenciones y Convenios con carácter vinculante y exigible que, Perú, al ratificarlos, se comprometió a honrar y que comprometen su responsabilidad frente a la comunidad internacional.

Los que suscribimos este documento repudiamos estos hechos y exhortamos al Gobierno del Perú a que suspenda de forma inmediata el estado de sitio y a que cese la violencia contra la población en la Amazonía, a garantizar la no desaparición de cuerpos de los indígenas muertos y a que se ponga en marcha una comisión independiente verificadora de los sucesos. Pedimos que retire los decretos que han dado lugar a esta situación (Decretos Legislativos 1.064, 1.089, 1.090 y 995). Invocamos al Gobierno peruano a cesar las agresiones que ha llevado a cabo sistemáticamente contra AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y contra sus dirigentes durante estas semanas, así como a abrir un espacio de diálogo respetuoso y genuino con esta organización, considerando los intereses legítimos que representa.

Tal y como ha expresado el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, a través de su presidenta, Victoria Tauli Corpuz, recordamos al Gobierno peruano la obligación que tiene de consultar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, y al y como establecen los compromisos asumidos en el Convenio 169 de la OIT, y garantizar el pleno respeto al ejercicio de su derecho al consentimiento libre, previo y informado sobre todo de aquello que afecte a sus tierras tradicionales, territorios y recursos.

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para movilizarse e impedir que se lleve a cabo un genocidio en la Amazonía y que se salvaguarde el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación, tal como establece la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.